En los últimos tiempos el turismo ha sufrido importantes transformaciones en nuestro país, con una predominancia actual de grupos jóvenes y viajes más reducidos, tanto en días como en gastos, en contraposición a los tradicionales turistas de mayor poder adquisitivo e interés cultural. Esta nueva moda en el sector turístico ha hecho que las principales ciudades vayan modificándose en función de esa demanda turística más actual, y han ido proliferando en los últimos años los alquileres de viviendas particulares a turistas, así como las plataformas de alquileres vacacionales con opciones de acceso a viviendas incluso por horas, como es el caso de Airbnb.
Este tipo de alojamientos no solo han transformado a las ciudades hasta el punto de constituirse como una seria competencia al alojamiento de hoteles y hostales, sino porque el hecho de alquilar pisos en el centro de las mismas ha provocado un aumento significativo en el precio de los alquileres, tanto en el centro como en las zonas colindantes más inmediatas, así como trastornos añadidos a los vecinos habituales de aquellos edificios en los que se sitúan estos pisos turísticos, que tienen que enfrentarse muchas veces a ruidos, molestias o incluso situaciones desagradables.
Por todos estos motivos la Comunidad de Madrid ha lanzado un nuevo decreto dirigido a una mayor regulación de este tipo de residencias vacacionales, con el fin de que dichas viviendas tengan que ajustarse a mayores controles (como cualquier otro alojamiento vacacional y particular) y que, tanto los dueños como los inquilinos, respeten las normas de convivencia propias de cualquier barrio y/o comunidad de vecinos.
Novedades con respecto al anterior decreto de 2014
La Comunidad de Madrid ya había iniciado este decreto encargado de regular las viviendas turísticas en el año 2014, pero dicho decreto tuvo finalmente que eliminarse tras varios conflictos judiciales que lo pusieron en entredicho. Por eso, el gobierno de Cifuentes se ha centrado ahora en la renovación de ese mismo decreto, para volver a hacerlo efectivo y con más peso y garantías que el anterior.
Esta renovación trae novedades tan importantes como la necesidad que tendrán los propietarios de este tipo de pisos, de obtener un certificado que les posibilite el uso de los mismos en términos turísticos y retributivos. El Certificado de Idoneidad para Vivienda de Uso Turístico (CIVUT), que así se llama, resulta fundamental para poder garantizar a todos aquellos que visiten la ciudad de Madrid la seguridad y la tranquilidad que todo turista precisa cuando se aloja en un establecimiento vacacional, como las medidas de seguridad relativas a la extinción de posibles incendios, salidas de emergencia señalizadas, ventilación adecuada, condiciones de habitabilidad, acceso a suministros…etc.
Otra de las novedades que presenta ahora el decreto es que los propietarios de dichos pisos enfocados al alojamiento turístico, tendrán que informar a la Policía aportando datos sobre la identidad de sus posibles inquilinos. Asimismo, y con el ánimo de proteger también al resto de vecinos de un edificio en el cual exista un alquiler vacacional, se permitirá que dichos vecinos puedan, en un momento dado, prohibir la existencia de dichos pisos turísticos en su edificio, manifestándolo y reflejándolo por escrito y por mayoría en sus estatutos comunitarios.
Pero el decreto no pretende centrarse solo en propietarios e inquilinos con estas nuevas reformas, sino que también busca sacar del vacío legal existente en la actualidad, a todas aquellas empresas que sirvan de buscadores de alquileres turísticos, con el fin de que se ajusten a la Ley de Ordenación del Turismo y tributen en consecuencia, como empresas que son.
Un conflicto antiguo entre Ayuntamiento y Comunidad
La puesta en marcha de este nuevo decreto regional podría entrar en conflicto con las medidas que ya se están tomando por parte del Ayuntamiento de Madrid y de ciertas plataformas del sector, entre las cuales destacan la posibilidad de exigir una tasa a este tipo de pisos, en compensación por aquellos impuestos que no se declaran por ser propiedades privadas, o establecer periodos de tiempo concretos para las estancias, punto con el que Cifuentes no está de acuerdo, al calificarlo de ser una medida demasiado “prohibicionista”.
Lo cierto es que el tema de los alquileres vacacionales depende de manera directa del gobierno de la Comunidad de Madrid, motivo por el cual, en caso de salir adelante finalmente el decreto de Cifuentes, tendría prevalencia sobre las medidas que ya se estén aplicando o piensen aplicarse desde el consistorio de la capital.
Cifuentes, por su parte, se centra en la creación de un registro para este tipo de viviendas, la posibilidad de que los inquilinos puedan acceder a hojas de reclamación ante cualquier problema, o la existencia y exigencia de un seguro de Responsabilidad Civil por parte de los propietarios; medidas que, de no cumplirse, podrían acarrear una importante sanción.
