La lengua inglesa de Gran Bretaña tiene una expresión muy elocuente para denominar aquello que es consecuencia de las malas artes y de la perfidia. Lo llaman ‘prácticas españolas’. La expresión tuvo su origen en el siglo XVI, cuando Francis Walsingham, secretario de la reina Isabel I de Inglaterra, se refirió así a las actividades de los católicos españoles de su tiempo, que decía desarrollaban actuaciones engañosas y traicioneras. Hoy, en el lenguaje de la calle y en el de los medios, las ‘prácticas españolas’ parecen cosa que sólo atañen a las corruptelas de los sindicatos británicos.
La crisis económica del Crack del 2008, como ya se la llama en la historiografía del presente, ha dejado sobre el Estado español, su sistema de gobierno, sus instituciones y hasta su democracia un panorama de corrupciones y corruptelas a pequeña y a gran escala cuyos detalles reveladores compiten en la atención y difusión de los medios.
Un modelo de interactuaciones políticas y económicas que, a la vista de los visto, parece formar parte de un profundo sistema de relaciones y, por su misma naturaleza, sistémico. Una forma de estar, figurar, mantenerse y aprovecharse de la influencia y de los recursos económicos circulantes de espaldas a cualquier tipo de control establecido. Hasta el 2008, se ha relacionado mucho con el urbanismo y la especulación inmobiliaria asociada a recalificaciones del suelo y grandes proyectos de construcción en los que han intervenido corruptos asociados con la política y las grandes empresas constructoras e inmobiliarias en España, de ahora en adelante….¿Cuál será el proceder de España a este respecto? por lo pronto parece que periodistas, jueces y fiscales, se han puesto las pilas y están haciendo su trabajo apreciablemente mejor que antaño….y eso los ciudadanos lo están notando.
Los británicos le dieron un nombre a un proceder de una política española antigua, las clases dirigentes del siglo XXI del mismo país, parecen darles razones.
Las tensiones económicas de la crisis han generado batallas cruzadas entre partidos políticos y los movimientos sociales emergentes que han puesto en evidencia la vulnerabilidad, la fragilidad y la opacidad de todo el edificio democrático.
Una estructura que parece haberse sostenido durante décadas con la connivencia creciente de las instituciones que no han sabido -o no han querido- tutelar sus funciones de control en la línea de mantener el status quo que les beneficiaba. Así, la corrupción ha hecho oficio y ha sentado cátedra en decenas formas de proceder en todas los niveles de la función pública. Pero ¿por qué?
El perfil de la corrupción en España no parece corresponderse con el una democracia avanzada y sí con el que gobierna los destinos de sociedades autoritarias y países subdesarrollados.
Un lugar común que suele explicar los índices de corrupción histórica en España llama a que esas prácticas forman parte de una cultura latente que traspasa gobiernos y épocas, al que respalda otra idea aún más extremista, la de que los países del sur, las gentes del sur de Europa, no están hechos para la democracia.
Se dice que los pueblos del sur tienen en valía oponerse al poder establecido, que resistirse no sólo se percibe como un acto natural de rebeldía sino como una forma de liberación contra la opresión. Ir contra las reglas del gobierno, contra lo establecido, significaría en esta lógica un trabajo en favor de la valía personal. Con diferentes variantes se puede oír lo mismo en Grecia, en Italia o en Portugal.
Países que durante cientos de años han visto como terratenientes, grandes propietarios, han sostenido un poder que abarcaba lo económico, lo social, que llegaba al pensamiento, a la movilidad de las gentes y que lastraba el futuro de las clases más desfavorecidas. Esas razones explicarían porqué en España la corrupción en todas sus formas es una manera de relación desde y con el poder, de todas las clases de poder. Poder en partidos políticos, en empresas, en ayuntamientos, en entidades públicas…
Esas razones explicarían también porqué en países como Suecia, con una larga trayectoria de corrección democrática la corrupción no es un factor que afecte a la convivencia.
La historia sueca no desarrolló un periodo feudal, en los países nórdicos, las relaciones se basaron en una aceptable cooperación comunitaria en un entorno climático frío y extremo en la que la supervivencia estaba muy por delante en las prioridades de la sociedad. Cooperación que construyó marcos de convivencia, de igualdad y leyes que las reforzaron.
Nepotismo
En el otro lado, el nepotismo, la creación de redes familiares y de amigos para beneficios mutuos que tanto se han dado -y se dan- en España, representan una garantía para mantener los intereses de grupo con respecto al poder establecido totalitario o al que se define por su arbitrariedad.
Nepotismo, clientelismo o amiguismo que alcanzaría a familiares directos, pero también a vecinos y amigos de amigos. Véanse si no los casos del bandolerismo español, del partidismo de la Guerra Civil Española en los pueblos, o el sistema clientelar establecido en España cohabitando con las cajas de ahorros, uno de los ejemplos más claros es el reciente caso de Caja Madrid, Bankia y las tarjetas Black donde partidos políticos, sindicatos y representantes de patronales de empresas tuvieron presencia colocando a algún representante que como se ha visto en no pocos casos han manifestado un comportamiento que se puede calificar como poco de falta de profesionalidad.
Los especialistas que han estudiado estos temas en España se apartan en cualquier caso de estas tesis que aseguran, confunden causas con efectos. Para ellos, el mal de la corrupción en España es un problema estructural.
Los miembros de los partidos políticos que ganan unas elecciones regionales o locales están obligados a contratar a cientos de personas leales con las que controlar la administración a su cargo.
El interés de estas personas, no siempre suficientemente comprometidos con la causa política que les ha dado empleo, es la de enriquecerse lo más rápidamente posible antes de que un nuevo cambio político les haga abandonar por la vía rápida su situación laboral y su bienestar.
La extensión de los sobornos, de las presiones, a funcionarios imparciales impide que los promotores puedan ser denunciados por sus prácticas. Y así es como se extiende la mancha de la corrupción a cualquier escala, ignorar lo que ocurre y beneficiarse indirectamente -o directamente del sistema- es participar del mismo plan.
Otros factores que contribuyen a enturbiar el panorama de la corrupción española es la financiación de los partidos políticos y las colas creadas por esos mismos partidos para beneficiar a los propios de un trabajo en la Administración como funcionario público.
Para lo primero, la solución pasa por habilitar una ley de financiación de partidos políticos que se aplique y que se ofrezcan garantías reales de control. Para evitar la creación de puestos de funcionario a medida, sólo hay que mirar a las Antípodas, en Nueva Zelanda hace años que acabaron con este tipo de clientelismo creando un funcionariado público que sigue las mismas reglas laborales que las que guían las relaciones laborales del sector privado. Suecia es también desde 2008 un ejemplo a seguir en este sentido.
La cultura de la corrupción lastrada por la inercia de los atavismos históricos es una cosa y un futuro de la convivencia en común con las mismas reglas para todos no es un ideal, es una necesidad. Lo demás, es historia.
